¿Leyes de amparo y amnistía atentan contra derechos de grupos sociales?

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, que impide que los jueces suspendan con efectos generales normas y obras impugnadas en los tribunales, es contraria a la Constitución y a los derechos humanos, y afecta primordialmente a los grupos y colectivos sociales vulnerables.

Así lo manifestó Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, con respecto a las consecuencias tanto de la nueva Ley de Amparo como de la reforma a la Ley de Amnistía, también aprobada el pasado miércoles 24 de abril. 

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De acuerdo con el especialista, las modificaciones a la Ley de Amparo “son retrógradas y contradictorias a la propia primacía de la Constitución y a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales en la materia”. 

Por lo tanto, espera que la reforma sea revertida por el Poder Judicial por varios motivos: va en contra del orden constitucional, afecta la independencia judicial y, posiblemente lo más importante, abre una puerta a que se trastoquen o violen los derechos de colectivos y grupos sociales, especialmente los más vulnerables, que quedarán en estado de indefensión.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el amparo es una herramienta jurídica cuyo propósito es que el ciudadano pueda defenderse, “de manera pacífica, de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos”, especialmente los que recoge la propia Carta Magna. 

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 8, reconoce que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Este tratado se reconoció por México.

Ley de Amparo con fines políticos

Sin embargo, la reforma a Ley de Amparo se da en un contexto de enfrentamiento abierto entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial, que ha frenado políticas, obras (como el Tren Maya) y otros proyectos de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por considerarlos violatorios a derechos.

Un ejemplo citado por Del Rosario Rodríguez fue la suspensión de la reforma eléctrica propuesta por AMLO en 2021 por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que volvió definitiva la SCJN en este 2024. Varios actores afectados por esa nueva ley interpusieron amparos, que se concedieron, ya que se afectaba la competencia económica, se contravenía la Constitución y se perjudicaban los derechos ambientales. 

El aspecto más grave de la reforma a la Ley de Amparo, dijo Del Rosario, es la afectación a grupos y colectivos cuyos derechos serán más susceptibles de sufrir violencia, por ejemplo, “las comunidades indígenas o las personas afectadas por leyes en materia ambiental o de salud pública”.

“Es una ley diseñada para que los grupos, sectores o colectivos no puedan moverse o verse beneficiados por una suspensión”, calificó el académico. “Es altamente grave. Nunca había visto una ley de Amparo que atentara directamente contra posibles beneficiarios del amparo”.